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Presentadas en el encuentro de Zaragoza las conclusiones del foro de debate Profesional del Protocolo

 

El VII Congreso Internacional de Protocolo reivindica una articulación jurídica de la profesión

- Los expertos en la materia resaltan la necesidad de contar con un código deontológico para desarrollar esta disciplina laboral y académica a partir del mismo

 

 [1 de diciembre de 2006]

 

El VII Congreso Internacional de Protocolo dedicó una de sus sesiones a un tema de máxima actualidad entre los profesionales del protocolo: la necesidad de articular jurídicamente esta profesión. En este sentido, la página web del Congreso tenía muy candente desde hacía unos meses un foro de debate sobre esta cuestión cuyo resumen fue presentado en el citado encuentro celebrado los pasados días 23, 24 y 25 de noviembre en Zaragoza. La conclusión de este debate fue bien clara: en que es imprescindible proceder a esta articulación jurídica y demandar la necesidad de un Código Deontológico para desarrollar la profesión a partir del mismo.

El debate, luego de las aportaciones habidas sobre esta materia, en torno a la profesionalización, nivel académico, colegiación y código deontológico de la profesión, se centró en dos posturas no totalmente divergentes, en lo esencial.

Ambas posiciones convenían en la necesidad de articular jurídicamente la profesión del protocolo, dotándola de un estatuto específico, al tiempo que se elevara el rango y se fijara la carrera como una especialidad, para unos englobada dentro de la comunicación, para otros independiente por completo.

Mientras un sector urgía a la Administración la necesidad de fijar la definición del profesional a través de un acto administrativo, otros entendían que es la propia sociedad, a través de la fuerza normativa de los hechos, la que debe reconocer a los profesionales del protocolo, quienes deben distinguirse precisamente por serlo. Y para ello entendieron que son precisas dos cosas: fortalecer las asociaciones profesionales y reunirlas en una institución sólidamente representativa, dotada de una estructura colegial y de un código deontológico que obligue a todos sus miembros a asumirlo y ejercerlo. 

Pero, otro sector entendía que, además de un estatuto jurídico público, como otras profesiones reglamentadas, era preciso un colegio profesional, creado por ley, que pueda perseguir incluso las prácticas llamadas intrusas.

Los partidarios de la línea de la sociedad civil entendían que, además de trabajar en orden a elevar al máximo rango universitario el protocolo, dentro de las carreras de la comunicación, era preciso reconocer la realidad actual de excelentes profesionales sin titulación  o titulados por otras diversas carreras. Esa triple vía debería en todo caso ser el camino de acceso a la profesión. En este sentido, el sector más oficialista reclamó insistir en que es el próximo Espacio Europeo de Educación Superior el marco para lograr el reconocimiento de la carrera de protocolo como título oficial. Los partidarios de llevar las cosas por otro camino, además de dudar de que ese objetivo sea alcanzable a corto plazo, prefirieron apostar por un sistema mixta de formación académica, el que representan las escuelas privadas y los títulos propios concertados con universidades públicas, y los cursos de especialización de diversos niveles, en una primera fase; en la medida que se sigue trabajando en orden al objetivo de una carrera reglada como lo son las más tradicionales.

Todos estuvieron conformes, eso sí, en reconocer y demandar la necesidad de un Código Deontológico para articular la profesión a partir del mismo.

En consecuencia, las conclusiones fueron:

  1. La profesión del Protocolo, además del reconocimiento social, requiero el reconociendo oficial, a través de un estatuto jurídico que la defina y diferencie de otras actividades, englobadas genéricamente dentro de la Comunicación.

  2. No obstante lo anterior, no se descarta que sea la propia fuerza normativa de los hechos, la solvencia y unidad de los profesionales asociados de forma voluntaria, la que obtenga el reconocimiento público de una profesión presente en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en las instituciones,  Administraciones, entidades, empresas y corporaciones.

  3. Elemento esencial para esa articulación será un Código Deontológico que establezca las pautas de comportamiento ético y profesional de quienes se reclamen como tales, y que, en consecuencia, ha de ser asumido y respetado.

  4. Se reclama que, con independencia de la iniciativa privada, las fórmulas de colaboración con las Universidades públicas y la experiencia de los títulos propios, se avance hacia una carrera específica, propia, reglada, cercana a las demandas de la sociedad, aprovechando la nueva organización académica que supone el Espacio Europeo de Titulación Superior.

  5. Los profesionales que actualmente ejercen como tales y quienes se unan a ellos en el futuro deben concentrarse en asociaciones profesionales, fuertes, representativas, concentradas en una entidad de rango superior, germen del futuro colegio profesional, que, tanto so goza de reconocimiento oficial como si no, constituya una persona jurídica sólida y representativa del conjunto de la profesión.

  6. La elevación del rango académico de la profesión no podrá nunca ignorar la existencia de profesionales formados en la propia experiencia y el ejercicio cotidiano, así como aquellos otros que, con diversos estudios de origen, se han dedicado al protocolo.

 

 

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