Boletín de Noticias

 

 

VER MÁS TITULARES

El Artículo

Sobre la condición, tratamiento y honores de doña Letizia

- Su cada vez más frecuente comparecencia pública requiere, para algunos constitucionalistas, la necesidad de un Estatuto del Príncipe de Asturias

 

 [mayo de 2007]

 

 

FERNANDO RAMOS

Profesor de Derecho de la Información. Universidad de Vigo

La cada vez más frecuente aparición de doña Leticia Ortiz Rocasolano, esposa del príncipe don Felipe de Borbón, en actos de carácter público con un marcado acento institucional, incluso ya de forma personal y sin la compañía de su marido; el anuncio de que desarrollará –en este sentido– su propia agenda de comparecencias, y el –a nuestro entender– abusivo uso que se hace apelativo que se emplea para referirse a la antigua periodista divorciada, como “Princesa de Asturias”, confundiendo tratamiento con condición, invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de dotar al Heredero de la Corona de un Estatuto que determine sus funciones, competencias y, de paso, perfile las de su consorte.

Coincidiendo con la evidencia visual de su segundo embarazo, la consorte del Príncipe de Asturias, doña Letizia Ortiz, comenzó en solitario una nueva fase de su actividad pública, consistente en recepciones y visitas de carácter institucional, representando a la institución monárquica; pese a que, según la Constitución, carece de toda función pública predeterminada, salvo la de proporcionar, en su caso, un heredero al heredero. Es evidente que, si según la Constitución, ni la propia Reina puede ejercer funciones constitucionales, salvo en las previsiones supuestas para la temporal regencia, la esposa del Príncipe de Asturias está mucho menos capacitada para las funciones representativas de la que se la viene dotando, sin que exista un estatuto, norma o referencia legal que las establezca.

Enlaza, pues, este hecho, con la necesidad de debatir si, como reclaman algunos prestigiosos constitucionalistas, el Príncipe de Asturias, como heredero de la Corona, ha de ser dotado de un Estatuto legal específico que delimite el contenido de sus funciones, hoy únicamente referidas a esperar el momento de suceder a su padre y sin otra condición, ya cumplida, de haber jurado la Constitución y no elegir cónyuge contra la voluntad del Rey o de las Cortes. En este sentido, algunos entusiastas de la causa monárquica han llegado al extremo de reclamar para Felipe de Borbón privilegios que solamente corresponden a su padre el Rey, como la falta de responsabilidad por sus actos (asunto éste polémico en los tiempos modernos y que colisiona con el derecho común en una sociedad democrática donde nadie puede ser irresponsable ante la ley).

El hecho de que su esposa reciba los mismos honores, tratamiento y dignidad que su esposo, no significa, en modo alguno, que asuma la misma condición. Ni ha tenido que jurar la Constitución ni es, por sí misma, astro con luz propia: no tiene otra que la que le es proporcionada por su marido y su porvenir, caso de desavenencia conyugal está establecido en las estipulaciones matrimoniales, de carácter secreta, a las que hubo de avenirse la joven periodista divorciada para contraer matrimonio canónigo.

Lo que dice la Constitución

Conviene remitirse a la Constitución y al Real Decreto de Tratamientos de la Familia Real para fijar, con estas dos cualificadas fuentes como referencia, el encuadre jurídico de la reflexión que proponemos. El Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes indica en su artículo 2º del capítulo Primero, dedicado a la Familia Real:

“El heredero de la Corona tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, la Dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias, así como los demás títulos vinculados tradicionalmente al Sucesor de la Corona y los honores que como tal le correspondan. Recibirá el tratamiento de Alteza Real. De igual Dignidad y tratamiento participará su consorte, recibiendo los honores que se establezcan en el ordenamiento jurídico”.

Y el artículo 3º  precisa:

“Fuera de lo previsto en el presente artículo y en el anterior, y a excepción de lo previsto en el artículo 5 para los miembros de la regencia, ninguna persona podrá:

Titularse Príncipe o Princesa de Asturias u ostentar cualquier otro de los títulos tradicionalmente vinculados al Sucesor de la Corona de España. Titularse Infante de España.

Recibir los tratamientos y honores que corresponden a las dignidades de las precedentes”.

¿Puede haber un Príncipe, es decir, un heredero de la Corona, y una Princesa de Asturias al mismo tiempo?

Veamos qué dice la Constitución:

TITULO II. De la Corona

Artículo 57

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don  Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Sólo puede haber un Príncipe de Asturias

Parece claro que la Constitución precisa con meridiana claridad que no existe más que un Príncipe de Asturias que pueda ostentar ese nombre: don Felipe de Borbón, hijo del Rey. No se crea ni describe la figura del cónyuge del heredero, que sí aparece en el Real Decreto de Tratamientos de la Familia Real con la misma dignidad y tratamiento. Pero tener la misma dignidad no significa tener la misma condición.

Es más, el heredero de la Corona es también otras cosas, además de Príncipe de Asturias. A nadie sensato, por el momento, se la ha ocurrido denominar a la esposa de Felipe como Princesa de Gerona, Princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer, las mismas distinciones que ostenta el heredero de la corona de España, que lo son de los antiguos reyes de Castilla, de Aragón y de Navarra.

Doña Leticia Ortiz es, en este sentido, un astro sin luz propia, que no emite ni recibe otra que la que refleja sobre ella su marido. Pero, si la Constitución advierte que la propia Reina –la esposa del Rey– no podrá ejercer funciones constitucionales, salvo en lo dispuesto para la Regencia, es evidente que, mucho menos, puede hacerlo la cónyuge del Príncipe de Asturias. Ella, por sí misma, no es heredera de nada. Es más, caso de divorcio de su actual marido, experiencia que ya conoce, perdería automáticamente la dignidad y el tratamiento aludido.

Cierto que se ha pretendido establecer una cierta analogía: si la esposa del Rey es Reina (cosa que la Constitución no prevé cuando ocurra lo contrario: el esposo de la Reina no será rey consorte, sino Príncipe consorte, como ocurre en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la esposa del Príncipe es Princesa de Asturias.

En este sentido, los ingleses suelen decir, con cierto sentido del humor: “que uno no se lleva a la esposa a la oficina”. Esta cita señala el hecho, especialmente referido a la clase política, que conviene no confundir los actos sociales, a los que un cargo público o acuda con su cónyuge, al hecho de que la esposa de un ministro, por ejemplo, lo acompañe en un viaje oficial. En este caso, el paradigma del comportamiento correcto se ha señalado siempre con referencia al esposo de la señora Thatcher. En otro extremo se encuentran los problemas de protocolo generados por la esposa del ex presidente Aznar, quien, pese a que carecía de todo rango institucional, solía acompañar a su marido a los viajes oficiales. Este hecho dio lugar a delicadas situaciones cuando coincidía con viajes de Estado de los Reyes. En este caso, la señora de Aznar se comportaba como “segunda dama” (la primera es la Reina), de suerte que incluso fue preciso organizarle una agenda propia, como ocurrió hace años en la última visita oficial a la isla de Cuba.

No obstante, en estos días, tampoco es la Corona británica un ejemplo a imitar, dado el protagonismo público que viene asumiendo Camilla Parker Bowler, la llamada Duquesa de Cornualles, actual esposa del Príncipe de Gales, pero no Princesa de Gales.

Una agenda personal para doña Letizia

La primera comparecencia pública, con carácter plenamente oficial y en solitario de doña Letizia Ortiz se produjo el 3 de noviembre de 2004, al presidir ella sola la inauguración del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia. La consorte tenía previsto acudir al acontecimiento con Don Felipe, pero el Príncipe tuvo que viajar al emirato de Abu Dhabi para asistir a las honras fúnebres del jeque Zayed bin Sultán al-Nahyan.

La “Princesa de Asturias”, sentada bajo un retrato de Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón española, ocupó la presidencia del acto junto al presidente de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, y el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez.  “Es un gran honor para esta casa que Vuestra Alteza presida este acto inaugural. Os lo agradecemos, Señora, de todo corazón”, fueron las primeras palabras de Gonzalo Anes, instantes después de que Letizia declarara abierta la sesión.

Esta presencia se repitió el 14 de junio de 2005, en Logroño, en un acto plenamente institucional.  La esposa de Felipe fue la madrina en la entrega de la bandera nacional a la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Benemérita, con sede en Logroño.

Lo  más curioso de esta comparencia fue el hecho de que en su discurso “transmistió encargo” del Rey “de manifestar a la Guardia Civil y, especialmente, a su Unidad de Acción Rural, su felicitación más sincera y cordial con motivo del 25 aniversario de la creación de esta unidad”. Esta delegación, expresa, del Rey en su nuera, quien por sí misma no ostenta cargo institucional alguno, es al menos llamativa por la forma en que se produce. Desde entonces, han menudeado las intervenciones de Letizia Ortiz en actos públicos se han repetido. Por fin, el 9 de octubre de 2006, la Princesa consorte de Asturias empezó una nueva etapa, caracterizada por una agenda propia, al margen de su mera presencia social como acompañante de su marido.

La esposa del heredero inauguró en esta ocasión un colegio público en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Oficialmente se anunció que, a partir de ahora, más de dos años y medio después de su boda con el Príncipe de Asturias, Letizia Ortiz tendrá agenda oficial propia, centrada sobre todo en la infancia y la juventud, dos temas por los que siente interés y preocupación, según la información filtrada desde la Casa Real.

Desde diversas posiciones, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional vienen sugiriendo la redacción de un Estatuto del Príncipe de Asturias y, consecuentemente, de su consorte. En este sentido, las opciones oscilan desde la prudencia a la propuesta de extender al heredero las prerrogativas y privilegios, como la no responsabilidad, de que disfruta el Rey.

Prerrogativas en revisión

Conviene observar lo que ocurre en otros lugares del mundo, especialmente, en la monarquía de referencia. En el Reino Unido, la Corte Penal abrió juicio por supuesta conspiración en el accidente de coche que costó la vida a la princesa de Gales, Diana Spencer. Existen puntos oscuros en dicho siniestro, sobre todo, una carta escrita por Diana donde decía que su marido, Carlos de Inglaterra, planeaba asesinarla simulando un accidente para casarse con Camilla. El Príncipe de Gales tuvo que prestar declaración el año pasado ante la policía, aunque, dada su condición de heredero, lo hizo en su residencia de Clarence House. No obstante, el juez que inició el caso, Michael Burguess, aseguró que, si era necesario, llamaría al estrado a la mismísima reina. Y eso que en el Reino Unido el Estatuto de la Corona señala que la reina goza de una inmunidad total en el ejercicio de su cargo, y es irresponsable civil, penal y políticamente”. Pero la Crown Proceeding Act, establece su responsabilidad por algunos actos administrativos. En nuestro caso el artículo 56.3 de la Constitución  define las prerrogativas del monarca: “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados por el Gobierno o quien corresponda”.

Resulta ejemplar, en este sentido, el modo en que la Justicia ordinaria trata a los miembros de las familias reales, en las democracias consolidadas: No hace mucho, el príncipe Laurent, hijo del Rey Alberto de Bélgica, tuvo que sentarse en el banquillo y testificar en un juicio por supuesta malversación, pues sobre él pesaba la sospecha de costear la reforma de su mansión con dinero de la Marina. Previamente, el gobierno dio un permiso especial para que compareciera. La jueza, en vez de tratarle de monseigneur, como hijo de Rey, le trató de monsieur, igual que al resto de los testigos.

Felipe de Borbón no disfruta de ningún fuero especial y no parece tener otra función que representar a su padre en determinados actos, acudir a donde el gobierno le indique o recorrer España tratando de crearse una imagen que le ayude a consolidar en su día la Corona de la que es heredero. Pero existe una corriente de pensamiento que insiste en dotarle de un fuero especial. Quien más repetidamente aboga por ese estatuto es el prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral, quien considera que “es un contrasentido que un futuro rey esté desprotegido política y penalmente”.

Cuando Felipe acude a alguna misión en el exterior, generalmente, a las tomas de posesión de países hispanoamericanos, el Gobierno dispone todo lo relativo al viaje y a la representación del Estado que, para este caso, ostenta. Torres del Moral dice que el Gobierno podría pedirle cuentas de cómo ha cumplido la misión y añade: “Por eso soy partidario de un Estatuto que especifique que Don Felipe, en su tarea pública, actúa como portavoz del Rey, y por tanto tendrá también refrendo del Gobierno y se investirá de inviolabilidad y no responsabilidad”.

Otros especialistas apuntan justamente en sentido contrario: es preciso replantearse algunas de las prerrogativas especiales de que goza el Rey, y que en su día ya fueron un obstáculo en orden a refrendar la Constitución europea, ya que nadie puede ser hoy en día irresponsable de sus actos. Ningún presidente de República goza de tales inmunidades y, como ya se ha  visto, puede ser procesado y condenado por sus actos, como cualquier otro ciudadano.

Los Estatutos del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 1998, que juzga delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, señalan que  “el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, en ningún caso le exime de su responsabilidad penal”, lo cual choca con la inviolabilidad y no responsabilidad de los monarcas. Este punto provocó, en el caso de España un bloqueo de nuestra adhesión al mismo, hasta que se aprobó en 2000, previo informe del Consejo de Estado. Pero el asunto volverá a plantearse antes o después. Según Ramón López Vilas  “la creación de organismos, como el TPI, hace cada vez más difícil a los monarcas mantener ciertas prerrogativas”. Noruega es, por ahora, la primera monarquía constitucional donde se ha puesto en marcha una comisión para revisar las prerrogativas del monarca.

Con estos antecedentes y el marco general donde se inscribe España, parece que el estatuto de máximos que algunos proponen podría tener difícil encaje constitucional. Desde posiciones meramente posibilistas se sugiere dejar las cosas como están y se remiten a la llamada fuerza normativa de los hechos. Entienden que el Príncipe debe seguir haciendo lo que hace y del modo que lo hace: representando a su padre, por delegación expresa de éste, cuando corresponde,  y recibiendo los tratamientos y honores que en cada circunstancia sean de aplicación, o acudiendo, por orden del Gobierno a aquellos actos de Estado, generalmente en el ámbito internacional.

Para los más críticos, la sociedad española difícilmente entendería que los privilegios del Rey se extendieran a su heredero, puesto que entrarían en contradicción con la propia figura del monarca, a quien corresponde, dada la singularidad de su cargo, conforme a la Constitución, el fuero especial de que disfruta. Antes al contrario, apuntan a que cuando Felipe sea rey, podría llegar el momento de revisar –como se propone hacer Noruega– determinados privilegios escasamente compatibles con una sociedad moderna, donde todos los ciudadanos han de ser iguales ante la ley y plenamente responsables de todos sus actos, públicos o privados.

El problema viene dado por la fuerte personalidad de doña Letizia y su evidente deseo de actividad, contrastada con la más discreta posición de sus propias cuñadas, quienes realmente, estos últimos años, han prodigado muy poco su presencia en actos públicos, fuera de los tradicionales a los que corresponde asistir a la familia real en pleno.

El caso de la consorte del Príncipe

Es evidente que, al no estar contemplada  en la Constitución, con independencia de que disfrute de los mismos honores y tratamiento que su marido, tiene difícil encaje institucional –fuera de los ámbitos social, filantrópico o cultural, tradicionales en la monarquía española– la figura de una Princesa de Asturias independiente de la su cónyuge, como si por ella misma fuera algo; es decir, como si fuera una institución, como lo es el Príncipe.

Así pues, a la esposa de Felipe correspondería únicamente la dedicación privada a su familia, dar herederos al heredero, y jugar un discreto papel, siempre en segundo plano, como hasta ahora han sabido mantener sus cuñadas, no siempre por cierto, sus cónyuges.

Da la sensación de que, con Estatuto o sin él, la Casa Real  tiene ideas propias sobre el papel que debe jugar Letizia Ortiz y, en este sentido, se ha diseñado para ella un programa de comparencias y la asunción de un rol que, en ningún caso, se aplicó a las dos hijas mayores del Rey. En este sentido, ¿a quién representa la llamada Princesa de Asturias cuando actúa como madrina de una bandera, preside una sesión de la Academia de la Historia o inaugura el curso en un Colegio público?

¿Representa al Rey? ¿Representa a su marido? ¿Se representa a sí misma? Esto último no tiene sentido: ella por sí misma no es nada, sino la consorte del Príncipe de Asturias, único y exclusivo heredero contemplado en la Constitución, que no crea ni define la figura del consorte como tal. Si representa al Príncipe, hemos de preguntarnos, entonces, si el propio representado acudiría a ese acto per se o, a su vez, representando al Rey –que es una institución– o por delegación del Gobierno.

¿O es que acaso doña Letizia representa directamente al Rey o a la Reina? A partir de ahora, todo parece indicar que las sucesivas actividades a las que se dedicará la ex presentadora de televisión mermarán las de la propia Reina, quien tradicionalmente en la monarquía española asume ese tipo de comparecencias en actos filantrópicos, culturales o sociales.

La protección penal

La figura del jefe del Estado español disfruta, por parte de la mayoría los medios de comunicación de masas, de un tratamiento privilegiado, con respecto a otros monarcas constitucionales de Europa, a partir de la propia inmunidad que le otorga la Constitución por él proclamada –que no jurada–, y que se perfecciona por la inusual protección que suponen los artículos del 490 y 491 del Código Penal, ya que sustraen al monarca de toda crítica aguda, resguardo que se hace extensivo a sus antepasados y sucesores.

La redacción de estos preceptos, cuya aplicación real a los antepasados se considera inviable, ha dado lugar a la valoración negativa de la más rigurosa investigación histórica que reputa de absurdas tales disposiciones. Además de todo ello, se puede constatar la existencia de una generalizada coincidencia, por parte de los principales medios de comunicación del país que, salvo excepciones, se manifiesta en el exquisito tratamiento –o ignorancia– de determinadas cuestiones de interés público que afectan al Rey y a su familia, frente al modo de informar y al seguimiento normal de la vida los miembros de otras monarquías europeas por la misma prensa española.

Curiosamente, la esposa del Príncipe de Asturias ha quedado fuera de las previsiones del legislador en los supuestos indicados: Artículo 490. 3. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

Artículo 491. 1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.

2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.

Bien es cierto que llegado el caso, no dudamos que se aplicaría a la esposa del Príncipe de Asturias, por analogía, el mismo tratamiento que al consorte del Rey.

 Sección

El Artículo

 

 ,

VER MÁS TITULARES

   
   
EIP. escuela@protocolo.com · Calle Duque de Alba 15- 1º · 28012 Madrid · 91 310 18 03