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El diputado Celso Delgado Arce vuelve a preguntar al Gobierno sobre la reforma del Real Decreto de Ordenación General de Precedencias
- La anterior legislatura este miembro del Grupo Parlamentario Popular ya formuló la misma cuestión, obteniendo una respuesta por escrito por parte del ejecutivo
[1 de septiembre de 2008]
El
diputado Celso Delgado Arce, quien ya preguntara en mayo de 2007 por la
reforma del Real Decreto de Ordenación General de Precedencias ha vuelto a
formular la pregunta al ejecutivo, que deberá responder por escrito, como
hizo en la anterior legislatura.
La reforma de este Real Decreto es una necesidad solicitada por la gran mayoría de profesionales de Protocolo, ya que desde su aprobación, en el año 1983, se han efectuado cambios en el modelo de Estado, que ha provocado el hecho de que actualmente existan cargos que no tienen ubicación en las precedencias publicadas entonces. A continuación reproducimos íntegramente el documento que ha presentado el diputado al ejecutivo:
El Diputado D. Celso Delgado Arce de la provincia de Ourense perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:
En la pasada legislatura este diputado, concretamente el 9 de mayo de 2007, formulaba al Gobierno una pregunta sobre si la vigente normativa reguladora del Protocolo Oficial de España estaba respondiendo adecuadamente a la nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas,
El Gobiemo con fecha 7 de junio respondían ''Han pasado más de veinte años desde la promulgación del Real Decreto 2099/ 1.983, por el que se aprobó la vigente Ordenación General de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia de Protocolo Oficial. Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, especialmente en lo que al ámbito autonómico y local se refiere, han motivado que expertos y profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elenco de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado suprimidos desde la fecha de su promulgación. Por otra parte; la incorporación de España a la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el Real Decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbología de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea — cualquiera que sea el formato que finalmente adopte—, como la de Presidente de la UE y del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, etc, por tanto, la actualización del Real Decreto 2099/ 1983, podría considerarse conveniente-No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. Por el contrario, cualquier proceso de reforma, debe estar basado en el consenso más amplio posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él —por ejemplo, en el terreno académico— ejercen responsabilidades en este ámbito y elegir la atmósfera y el momento político más oportuno. Junto a estas consideraciones, y apoyando las tesis que propugnan cautela al respecto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea, se encuentran aún abiertos y sometidos a modificaciones de envergadura"
Todas las asociaciones que agrupan a los especialistas en Protocolo que hay en España se siguen hoy manifestando en el sentido de que es inaplazable la actualización de diferentes normativas, en especial el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado.
Ciertamente la reforma debe buscar el consenso y recabar la opinión de estos profesionales del protocolo y a esos efectos sugerimos al Gobierno la creación de una Comisión Técnica que asesore al ejecutivo de modo que la nueva normativa tenga la calidad exigible y resuelva la amplia casuística existente.
¿Considera conveniente el Gobierno proceder a una reforma que permita la actualización del Real Decreto 2099/1983, que regula la Ordenación General de Precedencias en España?
(REDACCIÓN EIP)
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