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El Gobierno de España no se pronuncia sobre la reforma del Reglamento de Ordenación General de Precedencias del Estado

- Ha repetido la respuesta a la pregunta del parlamentario  Celso Delgado en los mismos términos que la anterior, hace más de un año

 

 [12 de enero de 2009]

 

El Gobierno ha reiterado, una vez más, idéntica respuesta a la pregunta del parlamentario ourensano del grupo popular Celso Delgado Arce, sobre la actualización del Real Decreto 2099/83 que aprueba la vigente Ordenación General de Precedencias en el Estado. Coincide prácticamente en todos sus términos con la que dio a este mismo diputado en junio de 2007.

Si bien, la exclusiva diferencia son las dos últimas líneas con que concluye dicha respuesta: “Junto a estas consideraciones y apoyando las tesis que propugnan cautela y respeto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea, se encuentran aún abiertos”.

Por lo demás, los argumentos esgrimidos por el Gobierno son, como decimos los mismos que apuntó en aquella ocasión y que como tal reproducimos:

Han pasado más de veinte años desde la promulgación del Real Decreto 2099/1983, por el que se aprobó la vigente Ordenación General de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia de Protocolo Oficial.

Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, especialmente en lo que ámbito  autonómico y local de refiere, han motivado que expertos y profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elenco de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado suprimidos desde la fecha de su promulgación.

Por otra parte, la incorporación de España a la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el Real decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbología de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea –cualquiera que sea el formato que finalmente adopte-, como la de Presidente de la UE y del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, etc.

Por tanto la actualización del Real Decreto 2.099/83, podría considerarse conveniente. No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. Por el contrario, cualquier proceso de reforma, debe estar basado en el consenso más amplio posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él –por ejemplo, en el terreno académico- ejercen responsabilidades en este ámbito.

En palabras del diputado del PP autor de la pregunta, lamenta que se reproduzca la citada respuesta, añadiendo su pesimismo en cuanto a que se lleve a cabo la aludida reforma y actualización del ROGPE, subrayando que “el Gobierno se escuda una y otra vez en dos argumentos, uno irrelevante –los cambios en el UE- y otro que es decisivo y es que no quiere enfrentarse con las Comunidades Autónomas y especialmente los nacionalistas”.

En la pregunta parlamentaria, Celso Delgado instaba al Gobierno a la creación de una Comisión de Expertos que elaborase un proyecto de texto para dicha actualización, pero sobre este particular, no se dice nada en dicha respuesta, obviándolo por completo. (JUAN JOSÉ FEIJOO)

 

 

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