RTVE pasará a convertirse convertirse en una corporación a partir del mes de enero que estará presidida por el periodista riojano Luis Fernández. De esta manera, Carmen Caffarel deja la dirección general del ente que asumió hace dos años y medio con un objetivo que hoy ya es una realidad: convertir este ente público en una corporación. Este plan obligaba a tener que prescindir de más de cuatro mil trabajadores mayores de 49 años que se han acogido a la jubilación anticipada contemplada en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Caffarel, con 52 años (leer entrevista en EL PAIS), dice que es la primera en dar ejemplo y también se va; regresa a su cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

De esta manera, tal y como hace público hoy la Cadena Ser, el periodista Luis Fernández va a convertirse en el primer responsable máximo de RTVE que no será designado directamente por el Gobierno, sino resultado del consenso entre los grupos parlamentarios socialista y popular. El nombramiento parlamentario del antes director general y ahora presidente de la futura corporación RTVE era una de los principales compromisos en materia audiovisual del presidente del Gobierno. El periodista riojano fue director de los Servicios Informativos de la Cadena SER, ocupó después el mismo cargo en Canal Plus y más tarde se hizo cargo de los Informativos de Telecinco.

Esta misma fuente señala que tras conocer el acuerdo, Luis Fernández, que trabajó en esta misma emisora, en Canal + y en Telecinco, se ha definido como “profesional independiente” y ha manifestado que aprovechará este “consenso insólito para conseguir el máximo posible de espectadores y oyentes. La SER continúa: “El acuerdo presentado hoy en el Congreso por los portavoces parlamentarios de los dos grupos mayoritarios de la cámara, que previsiblemente será llevado al pleno el 12 de diciembre, afecta, además de al cargo de presidente de la futura corporación, a la composición del nuevo consejo de administración de RTVE. Según marca la nueva Ley de RTVE dos de los vocales deberán ser designados por los sindicatos y los otros diez por el Congreso. De esta decena de puestos, cuatro serán a propuesta del Grupo Socialista y otros tantos a propuesta del Grupo Popular. Los dos restantes quedarán para las formaciones minoritarias.