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La FEMP confía en que se envíe pronto al Parlamento una nueva Ley del Gobierno Local

- El presidente de la Federación, Pedro Castro reclama un listado de competencias adaptado a la situación real, así como instrumentos de financiación adecuados para responder al principio constitucional de suficiencia financiera

 

 [21 de abril de 2008]

 

El presidente de la Federación Espanola de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha expresado su deseo de que el Ejecutivo envíe "pronto" al Parlamento una nueva Ley de Gobierno Local y que ésta cuente con "el mayor consenso" de los partidos.

Así lo asegura Castro en el último número de la revista Carta Local, en el que además reclama un listado de competencias adaptado a la situación real, así como instrumentos de financiación adecuados para responder al principio constitucional de suficiencia financiera.

Castro sostiene que, a pesar de los grandes avances que se han producido en el desarrollo constitucional y en el funcionamiento de los gobiernos locales, el proceso descentralizador lo han protagonizado la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

"En este proceso nos hemos quedado relegados a un segundo plano, olvidando que el Estado es cosa de tres", asegura el dirigente de la FEMP, para anadir que "no por ser el tercero, el poder local es el último".

Castro apuesta por un nuevo marco de competencias y por que se disponga cuanto antes de un marco jurídico que reconozca a los gobiernos locales la autonomía política y su capacidad de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos.

Sostiene que las reformas que se acometan obligarán a modificar todo el sistema público de financiación territorial y, por tanto, afectarán a la financiación local.

Ante esta situación el responsable de la FEMP considera "imprescindible" que los gobiernos locales y las comunidades autónomas "estén en la misma mesa, a la misma altura y con la misma capacidad de decisión".

"Ese será el momento -a juicio de Castro- de poner encima de la mesa la realidad de la prestación de servicios a los ciudadanos y la responsabilidad de cada uno, determinando con claridad quién hace qué y a qué precio". (EFE)

 

 

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