Boletín de Noticias

 

 

VER MÁS TITULARES

El Tribunal Supremo ordena a las Juntas Generales de Guipúzcoa hacer ondear la bandera de Espana

- La sentencia obliga a cumplir la Ley de Bandera de 1981, en la que se regula la colocación y ordenación del emblema nacional en todos los edificios públicos

 

 [13 de octubre de 2008]

 

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia en la que ordena a las Juntas Generales de Guipúzcoa cumplir la llamada Ley de Banderas de 1981, que obliga a las instituciones estatales, autonómicas, provinciales o municipales a hacer ondear la ensena nacional en sus edificios públicos. La sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por las Juntas Generales de Guipúzcoa en contra de una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que instaba a la administración foral a acatar la Ley de Banderas.

En su argumentación, el Tribunal Supremo subraya que el contenido de la ley es taxativo sobre la obligación "permanente" de hacer ondear la bandera de Espana en los edificios públicos. Obligación que "no admite interpretaciones" sobre el deber de ondear "diariamente" la ensena nacional en el mismo lugar en el que las Juntas tengan instalados sus símbolos de representación.

El Supremo recuerda que el Tribunal Superior Justicia del País Vasco ya se ha pronunciado en anterior sentencias sobre la obligatoriedad de colocar la bandera en todos los edificios públicos sea cual sea la institución concernida. En el escrito, el tribunal destaca además que las Juntas Generales de Guipúzcoa no han negado "de forma contundente" los hechos, por lo que la Sala considera "acreditada la pasividad de la administración" en el cumplimiento de la Ley.

"La lealtad procesal y el respeto de las reglas de la buena fe conciernen también a las administraciones públicas, las cuales deben expresar de forma clara, sin evasivas, su posición sobre los hechos reflejados en la demanda que se dirija contra ellas", asegura el Supremo. Al declarar que no ha lugar el recurso de casación, el Supremo condena a las Juntas Generales de Guipúzcoa al pago de las costas, que "teniendo en cuenta la entidad del proceso y la dificultad del mismo", senala en 3.000 euros para el letrado de la entidad recurrida.
(EFE)

 

 

VER MÁS TITULARES

   
   
EIP. escuela@protocolo.com · Calle Duque de Alba 15- 1o ! 28012 Madrid ! 91 310 18 03